Los ahorradores, y los inversores, están cada vez más preocupados por el impacto medioambiental de sus inversiones a través de fondos o planes de pensiones. Muchos se hacen preguntas como ¿ estoy invirtiendo en compañías que de una forma u otra perjudican al medio ambiente? O, por el contrario, ¿estoy ayudando con mis inversiones a mejorar la naturaleza?

Este creciente interés explica el imparable crecimiento del volumen de patrimonio invertido con criterios sostenibles a través de un sinfín de productos. Se trata de una magnífica noticia para el planeta, pero conviene ser cautelosos.

Porque la pregunta que realmente hay que hacerse es ¿cómo puede el inversor comprobar que sus inversiones son beneficiosas en la práctica para el medio ambiente?  Porque la sostenibilidad se ha convertido en una “moda”, y como tal, podría suceder que la etiqueta de “inversiones sostenibles” fuese en realidad un mero gancho comercial para atraer negocio hacia las gestoras y potenciar su crecimiento en AUM.

Greenwashing

Esto es precisamente  lo que se conoce como greenwashing (“lavado verde” o “ecoblanqueamiento”): acciones de marketing que sirven para aparentar que se aplican políticas medioambientales. En 2016, el profesor del IESE Pascual Berrone publicó Green Lies, un extenso paper en el que explica cómo compañías muy conocidas, a las que califica de “oportunistas”, optaron por no abordar los esfuerzos necesarios en tiempo, recursos y riesgos, para alinearse con los objetivos sostenibles. Porque en realidad, se dedicaron a lanzar campañas de marketing para convencer a sus accionistas y al mercado que estaban en la buena dirección “sostenible”. Berrone cita múltiples ejemplos, entre los cuales  el más conocido es el escándalo de las emisiones de Volkswagen en 2015.

La industria de gestión de activos no es inmune al greenwashing. Basta comprobar el boom de productos sostenibles lanzados en los últimos 18 meses, que se apoyan en alguno de los 600 indicadores diferentes que se han creado para definir criterios de sostenibilidad. Es lógico que el mercado tenga dudas sobre la autenticidad de los beneficios para el medio ambiente de tantos productos.

Algunos medios de comunicación ya han detectado, y alertado, sobre este riesgo. El Financial Times, afirmaba recientemente que algunos de los fondos que se autodenominan “ESG” no son tan sostenibles como parecen.  Para demostrarlo, el periódico explicaba que numerosos fondos ESG muy conocidos invierten en los mayores emisores mundiales de carbono. Y ciertos actores de la industria de gestión de activos también comienzan a reconocer la dificultad con la que se están encontrando a la hora de calificar como sostenibles determinadas estrategias de inversión.

Combatir el greewashing y proporcionar un mismo lenguaje y reglas comunes son los objetivos con los que el regulador europeo ha abordado un conjunto de nuevas normas para todos los actores de la industria de gestión de activos (desde compañías cotizadas a gestores de activos y asesores financieros).

Las normas creadas a tal fin son dos:  el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), que incluye dos fases, la  I que acaba de entrar en vigor el pasado 10 de marzo del 2021, y la II que está prevista para 2022; y  el Reglamento de Taxonomía.

El nuevo reglamento SFDR (en su fase I), contempla que todas las gestoras de activos deben clasificar sus productos de acuerdo con un semáforo de colores:

• Artículo 9, Color Verde oscuro: Productos que tienen un objetivo de inversión sostenible, es decir, que inviertan en actividades económicas que contribuyan a un objetivo medioambiental o social.
• Artículo 8, Color Verde claro: Productos que promuevan características medioambientales o sociales.
• Artículo 6, Color Gris: productos que no integran los riesgos de sostenibilidad (productos convencionales) o que, aun integrándolos, no son vinculantes en la gestión.

En esta fase I, La Comisión Europea ha abordado el etiquetado de los productos, estableciendo  reglas sobre su divulgación, y trasladando a las firmas de gestión de activos la obligación de que califiquen sus productos en cualquiera de las tres categorías. Pero, aunque alguna firma ya lo ha hecho, la mayoría de las gestoras están teniendo bastantes dificultades en esta labor.  El Director de Análisis de Tressis Gestión lo reconoce, cuando dice que “hay determinadas estrategias en las que creíamos haber hecho la categorización correcta, y no es así”.

Por lo que, para lograr que esta categorización se adecúe a los objetivos de SFDR, los departamentos de análisis de las gestoras necesitan que las propias compañías en las que invierten sean rigurosas en sus reporting y proporcionen la información necesaria y ajustada a los nuevos criterios. Sin ello, será muy difícil que una gestora pueda catalogar con total confianza sus productos.

El propio Reglamento no estipula las características concretas que los productos deben tener:  se trata sólo un “etiquetado”.Por ello, hace falta crear  un diccionario oficial de la Unión Europea, que ayude a la industria financiera a determinar qué actividades económicas se considera medioambientalmente sostenibles y cuáles no.  Es en lo que ahora está trabajando el regulador, en concreto, el Reglamento de Taxonomía.

Y, finalmente, el tercer paso llegará en 2022, cuando entre en vigor la fase II del SFDR, que obligará a los gestores de activos a informar sobre determinadas cuestiones, tales como la huella de carbono, las inversiones en compañías activas en los sectores de combustibles fósiles, o la exposición a armas polémicas (bombas de racimo) entre otros.